Comunicado de Prensa

Comunicado de Prensa – Favor de difundir

Argentina, 4 de diciembre de 2009

La Sra. Presidenta del Instituto Nacional contra la Discriminación la Xenofobia y el Racismo (INADI), Dra. María José Lubertino, ha decidido otorgar una distinción "Premio a las Buenas Prácticas 2009” a un colectivo de personas y organizaciones que integramos la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Nosotras queremos agradecer esta distinción, que consideramos un reconocimiento público y altamente significativo hacia la trayectoria que hemos trazado en estos cinco años de existencia, una trayectoria continua, colectiva y federal, protagonizada por ciudadanos y ciudadanas que compartimos la idea de que el derecho al aborto es un derecho irrenunciable de las mujeres.

Creemos, como nuestra querida compañera, Dora Coledesky, que el derecho de las mujeres a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas de una manera autónoma y responsable, y a acceder a la posibilidad de abortar voluntariamente en condiciones legales, seguras y de gratuidad, forma parte de la aspiración a una vida digna y plena para las mujeres, una vida que no debiera verse amenazada sino garantizada por los Estados, sus funcionarios/as, protegida y promovida por médicos/as y jueces/sas, trabajadores/as de la salud y docentes.

Desde la Campaña hemos presentado el 28 de mayo de 2007 un proyecto de ley, tomando estado parlamentario en mayo de 2008 con la firma de 22 diputados/as de distintas bancadas, que incluye la legalización del aborto voluntario hasta las 12 semanas por decisión de la mujer y sin límite de tiempo por las causales contempladas por la mayor parte de la legislación existente a nivel mundial, que lo habilita en el caso de riesgo para la vida de la mujer, o en casos de violación, o de malformaciones fetales graves.

Desde los inicios de la Campaña hemos intervenido sistemáticamente en la generación de debates que involucran el mencionado proyecto de ley, pero también hemos sostenido una activa presencia en la sociedad civil promoviendo la efectiva ciudadanización de las personas y el conocimiento de sus derechos a una educación sexual laica, científica y con perspectiva de género; hemos contribuido al monitoreo del Programa Nacional de Salud Reproductiva en defensa del derecho a acceder a métodos anticonceptivos adecuados y hemos defendido el derecho de las mujeres al aborto legal para proteger su vida y su salud.

Desde la Campaña hemos denunciado la violación de los derechos de las niñas y las mujeres, cada vez que tuvimos conocimiento del incumplimiento por parte de médicos/as y jueces/sas de las leyes existentes; como sucedió a lo largo del proceso que condujo a la trágica muerte de Ana María Acevedo, la joven santafesina de 20 años, madre de tres niños/as, muerta por falta de atención médica adecuada del cáncer que padecía, debido a las convicciones fundamentalistas de quienes debieron haber cuidado de su vida en el Hospital Iturraspe; o en el desdichado recorrido de la nena mendocina de 12 años LB, forzada a llevar a término un embarazo por el juez de familia Germán Ferrer, que debió haber protegido su integridad psíquica y sexual.

Es un hecho comprobado que la ilegalidad del aborto no evita su realización, sólo los hace más inseguros y peligrosos, e incluso mortales, para las que no acceden al oneroso y aceitado circuito clandestino privado, como ha sucedido en estos últimos años con muchas mujeres, por la obvia y recurrente razón de ser jóvenes y pobres.

Este reconocimiento público, que agradecemos, nos reafirma en la convicción de la justicia de nuestra demanda, y nos estimula a continuar:

en nuestro empeño por lograr el tratamiento y aprobación de nuestro proyecto de ley en el Congreso de la Nación

en nuestra demanda permanente por el cumplimiento del artículo 86 del Código Penal para garantizar la salud integral de las mujeres

en nuestra tarea de seguimiento de las políticas públicas que el Estado está obligado a cumplir en relación con la ley 26150 de Educación Sexual Integral

en nuestra labor de monitoreo y denuncia de las irregularidades en la provisión de anticonceptivos, en la prevención de embarazos no deseados

en nuestra obstinada labor por defender el derecho de las mujeres a una vida digna denunciando las conductas irresponsables y feminicidas de quienes niegan el acceso a una educación sexual adecuada incumpliendo la ley, como sucede en algunas provincias, como en Mendoza, o impiden la distribución continua de anticonceptivos, como ha sucedido recientemente en muchas provincias, entre ellas Tucumán, o se niegan a aplicar los protocolos existentes, como el protocolo de aborto no punible y de atención post aborto.

La vida de muchas mujeres en Argentina está en riesgo debido a la conducta irresponsable de funcionarios que confunden sus cargos en la función pública con lugares graciables, que asumen sus creencias particulares como si fueran aplicables al conjunto de la ciudadanía desconociendo la diversidad de credos, costumbres, etnias, culturas, orientaciones sexuales, que deben ser objeto de respeto por parte del Estado laico y sus agentes.

Agradecemos el celo del INADI en la defensa de esos derechos por los que hemos trabajado durante estos años y reafirmamos nuestra convicción de que

EDUCACIÓN SEXUAL PARA DECIDIR
ANTICONCEPTIVOS PARA NO ABORTAR
ABORTO LEGAL PARA NO MORIR

son indispensables para que las mujeres tengan una vida digna y libre de discriminación en nuestro país.

Articulación Nacional – Contacto:

María Graciela Rocha (Stgo. del Estero) 0385-154095378 / 0385-4275597

Florencia López (Buenos Aires) 011-1531943758 / 011-48579134

Yamila Balbuena (La Plata-Pcia Bs. As) 0221-15 5658574

Ruth Zurbrigen (Neuquén) 0299-154282357

Cristina Ércoli (La Pampa) 02954-419536

María Elena Segura (Tucumán) 0381-155941467

Ocho de cada diez mujeres asesinadas tenían más de 30 años de vida por delante

Extraído del Suplemento las 12 de Página 12

Viernes, 27 de noviembre de 2009

Ocho de cada diez mujeres asesinadas tenían más de 30 años de vida por delante

El 60 por ciento de las mujeres latinoamericanas sufren violencia emocional, y el 40 por ciento violencia física. En lo que va del año ya se registraron 176 femicidios por parte de varones que consideraban que las mujeres eran de su propiedad. El 80 por ciento de los asesinatos fueron a mujeres que tenían entre 63 y 26 años de vida por delante. Pero falta mucho por hacer después de conmemorar el 25 de noviembre, Día de la No Violencia Hacia las Mujeres: el 90 por ciento de los casos derivados por la Oficina de Violencia Doméstica a la Justicia penal terminaron archivados y sólo una de cada 10 causas sigue en trámite.

Por Luciana Peker

40 por ciento de las mujeres en Latinoamérica es víctima de violencia física y cerca del 60 por ciento sufre violencia emocional, según un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

176 femicidios (el asesinato de un hombre hacia una mujer a quien considera de su propiedad) se registraron, desde el 1º de enero al 15 de noviembre de 2009, según la organización La Casa del Encuentro, en base a casos publicados en 43 diarios de distribución nacional o provincial y las agencias informativas Telam y DyN.

39 por ciento de las asesinadas tenían entre 31 y 50 años. El 27 por ciento de 19 a 30 años y el 14 por ciento de 13 a 18 años. O sea que 8 de cada 10 mujeres apuñaladas, disparadas, ahorcadas o golpeadas por ser mujeres tenían, por lo menos, entre 63 y 26 años –aproximadamente– por delante, ya que la expectativa de vida de las mujeres argentinas es de 76,8 años, según datos de la ONU.

“Es hora de que el Estado argentino se pronuncie públicamente contra la violencia de género como una violación a los derechos humanos y atienda el problema desde sus políticas públicas. Son las autoridades de todos los niveles del Estado las que deben liderar esta lucha”, definió Rafael Barca, director ejecutivo de Amnistía Internacional en la Argentina.

82 por ciento de las personas que realizaron una denuncia en la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia, de septiembre de 2008 a septiembre de 2009, son mujeres, y el 18 por ciento varones, de los cuales el 61 por ciento de ellos son niños. La estadística judicial demuestra que el maltrato en el hogar perjudica mayoritariamente a las mujeres.

6000 casos de violencia doméstica ingresaron a la OVD en sólo un año y el 59 por ciento de las veces las mujeres que se presentaron fueron en horario de tribunales (la Oficina trabaja las 24 horas del día y los 365 días del año), por lo que se refleja que es necesaria la atención permanente para prevenir y erradicar la violencia machista.

15 por ciento de las víctimas de maltrato en su hogar, o por parte de su pareja, tienen estudios universitarios y la mayoría de las denunciantes pasaron por el secundario, por lo que se desmiente que sólo las mujeres sin instrucción son víctimas de golpes, insultos, desprecio o manipulaciones de sus novios, esposos o ex maridos.

52 por ciento de los maltratadores son parejas de las víctimas: el 26 por ciento de los denunciados son concubinos y el 26 por ciento cónyuges. Pero el divorcio o la decisión de separarse de un hombre maltratador no basta para terminar con la violencia, ya que el 31 por ciento de los acusados son ex parejas: “Me llamó la atención la continuidad de la violencia después de la ruptura del vínculo”, remarcó la jueza de la Corte Suprema de Justicia, Elena Highton de Nolasco.

90 por ciento de las víctimas sufren violencia psicológica (que puede estar sumada a otras formas de maltrato), el 70 por ciento de las mujeres que recurren a la Justicia ya han sido golpeadas y tres de cada diez se ven perjudicadas por la violencia económica. Y el 14 por ciento de las víctimas fueron atacadas sexualmente.

1/4 de las mujeres víctimas de violencia están desocupadas. Por esta razón, habría que promover proyectos que subvencionen a las mujeres, capacitarlas laboralmente, ayudarlas a insertarse en el mercado laboral o asistirlas con refugios para que no dependan económicamente del maltratador para poder sostenerse a ellas y a sus hijos.

6 de cada 10 casos recibidos en la OVD fueron derivados a la Justicia penal. Sin embargo, 9 de cada 10 expedientes fueron archivados y sólo un 11 por ciento continúa en trámite. Highton de Nolasco no se mostró conforme con el comportamiento de la Justicia penal. “No queremos que haya necesariamente condenas, pero sí que no exista minimización de la violencia doméstica pensando que una amenaza o un grito son situaciones menores o que juzgan a una mujer porque va a denunciar diez años después de sufrir violencia. La respuesta de la Justicia penal debería ser mucho mayor”, subrayó.

3425 prohibiciones de acercamiento se dictaron a partir de las denuncias presentadas, a través de la OVD, en la Justicia civil (que fue mucho más activa que la penal con los casos presentados). Los/as magistrados/as dispusieron 540 prohibiciones de contacto, 536 exclusiones del hogar, 200 disposiciones para que los padres paguen alimentos a sus hijos/as.

44 por ciento de las prohibiciones de acercamiento a los maltratadores fueron a las mujeres víctimas, el 26 por ciento al domicilio de la mujer, el 18 por ciento a los niños y niñas afectados, el 7 por ciento al lugar de trabajo (cuando los maltratadores boicotean la vida laboral de la víctima) y el 5 por ciento a su lugar de estudio, en los casos en que amenazan a las jóvenes con no poder continuar serenamente su progreso profesional.

Fuente: Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Investigación “Informe sobre femicidios en Argentina”, de La Casa del Encuentro, Amnistía Internacional, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Segundo informe de la Línea Aborto, más información menos riesgos.

1.700 llamadas. 1.700 historias. 1.700 mujeres ….la prohibición como violencia política contra las mujeres

En Argentina, cada mujer enfrenta en su vida por lo menos dos abortos clandestinos. El 60% de los embarazos son no planificados. Una de cada 4 mujeres es violada a largo de su vida. 68.000 mujeres por año requieren atención médica por infección o hemorragia como consecuencia del uso de métodos inseguros para abortar. En democracia, al menos 3.000 mujeres pobres han muerto como resultado de la prohibición del aborto[1].


¿Qué derechos humanos podemos ejercer las mujeres frente a un estado que prohíbe el aborto? ¿El derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad? ¿A la salud física, mental y moral? ¿A no ser víctimas de violencia, tortura y tratos crueles, inhumanos, degradantes? ¿A decidir libremente el número e intervalo de las hijas y los hijos? ¿A la información, educación y a medios que nos permitan disfrutar de estos derechos humanos?


En 3 meses y medio de atención, desde el 1 de agosto hasta el 20 de noviembre, la Línea “Aborto: más información, menos riesgos”, recibió 1636 llamadas[2]. Durante agosto y septiembre, la frecuencia fue de 11 llamadas por día, 1 cada media hora. Durante octubre y noviembre, el promedio fue de 16 por día. Una llamada cada 22 minutos. Llamaron mujeres de todo el país. 944 mujeres embarazadas recibieron información sobre aborto. El 77% de Capital y Provincia de Buenos Aires. Alrededor de 300 se comunicaron con la línea más de una vez para solicitar información. Otras 400 personas llamaron como acompañantes de mujeres embarazadas que buscan información sobre aborto, y en un número menor, para solicitar otro tipo de información.


El 99% de las mujeres que recibieron información tenía información previa sobre métodos inseguros de aborto, con riesgo para su salud y/o su vida. El 64% tenía información de boca en boca, el 27% tenía información de médicxs, el 17% tenía información de internet, y el 10% de farmacéuticxs. Sólo el 1% tenía información completa y correcta sobre el método para aborto con misoprostol, considerado como el más seguro en contextos de clandestinidad por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología (FLASOG).


La mantención de la prohibición del aborto como ley durante tanto tiempo, a pesar de los cambios políticos y la reafirmación de los compromisos con los derechos humanos de las mujeres, pone en evidencia una alianza extorsiva. Esta alianza mantiene al aborto clandestino y a las mujeres viviendo bajo un sistema totalitario, aún en una democracia declarada. Naturaliza la impunidad con que los varones ejercen violencia en las relaciones heterosexuales y la existencia de un estado paralelo corporativo, conformado principalmente por médicxs, laboratorios y farmacias. Realiza propaganda permanente y ejerce un control territorial de los cuerpos con útero. Esta alianza tiene recursos humanos y materiales cuantiosos y una burocracia bien pagada entre profesorxs, legisladorxs, administradorxs y juecxs.



Mientras el estado democrático invirtió en el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable 35 millones de pesos en 2009, el estado terrorista paralelo nos cobra a las mujeres 1.000 millones de pesos al año por abortos clandestinos[3]. Este robo de nuestros cuerpos, tiempo, decisiones, nuestras vidas, trabajo, recursos, se escucha cotidianamente en la atención de la línea “Aborto, más información, menos riesgos”:


“El médico me cobra 5.000 pesos”.

“Me cobran 500 pesos cuatro pastillas”.

“Tuve que sacar un crédito en el banco”.

“Tuve que pedirle un adelanto a mi patrona”.

“Tengo que esperar que me paguen el plan”.

“Le pedí plata a todas mis amigas”.

“Vendí mi heladera”.

“Quedé debiendo el alquiler”.

“Me gasté los ahorros que tenía para arreglarme los dientes”.

“Tuve que tirar goma para pagar las pastillas”.


Esta violencia económica, poder mafioso, se afirma sembrando terror físico y moral. Bajo el silencio extorsivo que impone la prohibición, los terrorismos jurídico, médico y farmacológico de estado expresan su intensa capacidad de muerte y pericia para la crueldad.


“Tengo miedo. Me pusieron veneno para ratas”.

“Tengo miedo. En la farmacia me vendieron 4 pastillas y me dieron 2 inyecciones, no sé de qué”.

“Tengo miedo. Una enfermera le dijo a mi mamá que me tenía que abrir el útero con una cuchara”.

“Acá en este barrio el aborto es como el resfrío.”

“Me violaron, pero ninguna clínica ni hospital me hace el aborto”.

“En este pueblo hay un sólo médico que hace abortos”.

“Tengo miedo. Me dijeron que seguir con el embarazo es de alto riesgo, no me dejan irme de la clínica y no me hacen un aborto”.

“El médico no me avisó que los antibióticos anulan el efecto de las pastillas anticonceptivas. Me dijo que era una boluda por no leer el folleto”.

“Tengo miedo. A mi hermana en el hospital le dijeron asesina. Las enfermeras le dejaron el feto en la cama durante toda la noche. La policía vino a mi casa. Tengo 13 años, y estoy embarazada”.

Mafias que operan a la luz del día ofrecen y hacen abortos clandestinos, para algunas en condiciones materiales de lujo y privilegios; para otras, en condiciones de mayor riesgo, tortura, humillación y muerte.


Este aborto clandestino se realiza en sociedad.

El 45% de las mujeres que recibieron información lo hicieron acompañadas por sus parejas varones. Todas las menores de 18 años llamaron acompañadas, salvo muy pocas excepciones, por su familia cercana. En una gran cantidad de casos son esxs acompañantes quienes llaman primero.


En Argentina el estado paralelo encuentra cada tanto sus chivas expiatorias en las mujeres del barrio y del campo, pobres, de pueblos originarios, africanas y afrodescendientes, mestizas, a quienes enferma, mata, y denigra: Romina Tejerina, presa en Jujuy; Ana María Acevedo, a quien en Santa Fe lxs médicxs le negaron la quimioterapia y el aborto; L.M.R, de 19 años de edad, discapacitada mental, violada, que tuvo que esperar hasta la semana 20 para acceder a un aborto en Buenos Aires; una niña de 12 violada por su padrastro y obligada mediante tortura a parir en Mendoza; y este año, entre otras, Sofía Viviana Juárez en Santiago del Estero y María Díaz en Santa Fe, muertas por aborto clandestino. Hace una semana otra niña violada, de 10 años de edad esta vez, discapacitada mental, a quien se le practicó el aborto en un hospital de Tigre. Estas violencias espectacularizadas disciplinan a las mujeres hacia los modos de abortar funcionales a las corporaciones. En los países donde el aborto es legal, los métodos son variados, cada mujer elige. El aborto es considerado una práctica de bajo costo y bajo riesgo cuando se realiza durante las primeras 12 semanas de embarazo[4]. La exposición a la muerte no existe, aún en abortos con mayor tiempo gestacional y complicaciones de salud preexistentes[5].


El 93 % de las mujeres que se informó en la Línea Aborto, más información, menos riesgos, llamó con 12 o menos semanas cumplidas de embarazo. El 76% de las mujeres llamó con un tiempo de embarazo de hasta nueve semanas. El tiempo de embarazo promedio de todas las mujeres que llamaron es de 7,6 semanas. En las mujeres de edades entre 16 y 19 años que llamaron el promedio de tiempo gestacional es 7,95 semanas. El 100 % de estas mujeres podría haber abortado de manera segura. Salvo tres excepciones conocidas en 5 años, en Argentina ningún aborto es gratuito, ningún aborto es seguro, ningún aborto es legal.


Los riesgos, la espera y la maternidad forzadas, el embarazo no deseado y el aborto clandestino son violencias políticas, no crímenes del espacio doméstico[6]. Durante los pasados 4 meses las corporaciones actuaron en función de esta violencia en la disputa sobre el control de las mujeres y los 1.000 millones de pesos que gastan al año en abortos clandestinos.


El 75% de las mujeres que llamaron a la Línea tiene entre 21 y 40 años de edad. El 21% son adolescentes y jóvenes entre 16 y 20 años de edad. Evitar embarazos no deseados es un privilegio para pocas. En el 76% de los embarazos relevados, los varones no usaron preservativo. En el 55 % de los casos, las parejas no usaron ningún método anticonceptivo.


En el 45 % de los embarazos restantes, las parejas usaron algún método anticonceptivo, que falló. Esto evidencia que un porcentaje significativo de embarazos se debe a los déficits de una ciencia que aún en el siglo XXI no está al servicio de las mujeres. Este déficit corporativo castiga con abortos clandestinos la decisión de una mujer de no gestar ni parir ni ser madre. El 45% de las mujeres que llamaron no tiene hijxs. El 50 % tiene entre 1 y 3 hijxs. El 5 % que resta tiene 4 hijxs o más (hasta 8 en un caso). De las mujeres de hasta 21 años de edad que llamaron, el 74 % no tiene hijxs, y el 21 % tiene unx hijx. De las mujeres de entre 21 y 40 años de edad que llamaron a la línea, el 23 % no tiene hijxs, y el 54 % tiene entre 1 y 2 hijxs.

Por lo menos desde 2.004, diversos estudios realizados en Argentina por CEDES y por médicxs de diversas provincias, y en otros países por la OMS y la FLASOG, entre otras organizaciones, vienen demostrando consistentemente que el uso del misoprostol es la principal causa de la reducción notable de aborto infectado y de la mortalidad por aborto[7]. Sin embargo, la corporación médica reacciona restringiendo el acceso de las mujeres a la información sobre el uso del misoprostol para abortos más seguros, en un intento de seguir elevando y monopolizando las ganancias del aborto clandestino.

Entre otrxs, Jorge Vinacur, Presidente de la Sociedad Argentina de Obstetricia y Ginecología, dijo al Diario Crítica en Julio que “El misoprostol es un abortivo ineficiente y muchas mujeres mueren o quedan seriamente dañadas por utilizarlo“[8]. En una nota firmada por Guillermina de Domini para Clarín, en la cual abiertamente se da información falsa confundiendo el misoprostol con la RU 486, Carlota López Kaufman, ginecóloga y presidenta de la Asociación Médica Argentina de Anticoncepción, dijo al diario Clarín[9] a propósito del aborto con medicamentos que “entre el 10% y 20% de las mujeres que pasan por este tipo de aborto, necesita recurrir a trasfusiones de sangre por hemorragias severas”. La nota asevera además que “la venta ilegal de medicamentos para interrumpir embarazos está creciendo un 10% todos los años”. En La Nacion.com Javier Valverde, del Colegio de Farmacéuticos de la Capital Federal afirmo que el 10 % de las mujeres que usan misoprostol “terminan con hemorragias muy severas y necesitando trasfusiones de sangre en hospitales”. Marcelo Viggiano, médico de la Asociación Obstétrica Argentina afirmó que las mujeres que abortan con misoprostol acuden a hospitales “con hemorragias importantes que en la mayoría de los casos llegan a la muerte”[10].

A través de la Línea confirmamos que lxs médicxs también concretan el terrorismo desinformativo en sus consultorios: en los testimonios relevados por la Línea, el 27% de las mujeres tenía información sobre aborto errónea o falsa, proporcionada por médicxs.

El Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires desde hace 10 años impulsa políticas de restricción de venta y prohibición formal del misoprostol en la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica). Ha logrado hace ya varios años que en todo el país el misoprostol haya dejado de ser de venta libre y se venda bajo receta archivada. A partir de esta restricción, el precio en el mercado ilegal oscila entre los 40 y 250 pesos por cada pastilla. El incremento es como mínimo del 100% sobre el precio de venta legal en farmacias y como mínimo del 200% sobre el precio que tendría si fuera de producción pública.


La mala información lleva a las usuarias casi indefectiblemente a acudir a la farmacia o algún otro lugar de venta clandestina más de una vez, ya sea para comprar más pastillas u otros medicamentos que no están avalados como métodos sin riesgos por ninguna organización médica. El 10% de las mujeres que se informaron en la línea manifestaron haber recibido información errónea sobre aborto por parte de lxs farmacéuticxs. En otros casos, además de ser empobrecidas y puestas en riesgo, las mujeres son además estafadas: las pastillas se venden vencidas, en paquetes adulterados. También hemos recibido testimonios de mujeres a quienes se ha vendido pastillas que no contienen misoprostol o incluso las cajas vacías.


Debido a su uso obstétrico para producir abortos sin riesgos hasta la semana 12 de embarazo, incluso en contextos de clandestinidad, el misoprostol está incluido en la Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la OMS[11]. Existe un derecho humano a acceder a los medicamentos definidos como esenciales por la OMS, son medicamentos vitales. Desde la perspectiva de los derechos humanos, prohibir o restringir el acceso al misoprostol por cualquier medio, incluido su precio, es una violación grave del derecho a la salud de las mujeres. Todo parece indicar que el mayor y más rentable mercado de venta ilegal de misoprostol se encuentra en manos de las corporaciones que operan en la Provincia de Buenos Aires. Sólo Luciani representa a 6.000 profesionales de 4.500 farmacias de toda la provincia[12].


La corporación jurídica está dispuesta a seguir mirando para otro lado y quizás a sacar el aborto del código penal en algunos casos, pero no a reconocer que el aborto es un derecho. En este modelo, nunca es cada mujer la que decide sobre su cuerpo y su destino. Juecxs, abogadxs, evalúan los casos “meritorios”, “urgentes”, “espectaculares”. La corporación jurídica autoriza a las mujeres a abortar por medio de decisiones judiciales excepcionales o el simple hecho de acceder a unx abogadx. Aún cuando la producción de un embarazo requiere necesariamente de la participación de un varón, el único cuerpo sometido al escrutinio y regulación por la corporación jurídica, criminalizado, es el cuerpo de mujer. Este año, “un juez de un alto tribunal del país fue echado de la Universidad Católica Argentina (UCA), donde se desempeñaba como profesor de un posgrado en Derecho Administrativo, como consecuencia de haber avalado en un fallo la realización de un aborto terapéutico, no punible, claramente contemplado en el Código Penal”[13].


“Yo no ando por la calle corriendo a las embarazadas diciéndoles que aborten, pero si hay alguna que quiere abortar por algún motivo que me parece lo suficientemente serio, creo que debe poder hacerlo en condiciones de seguridad en que no arriesgue su vida además de la criatura por nacer“, manifestó la Jueza Argibay en diferentes medios[14].


“No existe legislación en el mundo que despenalice el aborto. No se dice que cualquiera puede abortar después de ocho meses y medio de embarazo. Lo que se discute es si se puede ampliar el ámbito de los abortos impunes… a otras situaciones, algunas otras…hay que tutelarlo estableciendo medidas de seguridad social para la mujer embarazada…Y si la mujer quiere hacer un aborto, tratar de aconsejarle, o disuadirla, o darle el apoyo para que pueda llevar adelante el embarazo… si la norma penal es ineficaz como tutela, aflojemos la norma penal para darle la tutela por otra vía...cuando se vuelve masivo el homicidio se llama guerra, y eso termina en un armisticio…Hoy el número de muertos es equivalente al que puede haber en una guerra, si contamos como vida a los fetos”, confió el Juez Zaffaroni a Adrián Murano para la Revista XXIII[15].


El estado mafioso también contesta desde dentro de las instituciones, reproduciendo los discursos femicidas en proyectos de ley. En Chaco, el diputado Armando Luis Verdum, médico, y la diputada Clelia Mirtha Ávila, abogada y escribana, presentaron un proyecto de repudio “contra el teléfono de la muerte”. Diversas organizaciones políticas y sociales de Chaco, entre ellas el Frente Grande, Barrios de Pie, la CTA y la Agrupación Juana Azurduy se manifestaron públicamente en contra de estos proyectos.


En Tucumán, Carlos Canevaro, del bloque Unión Norte Grande, presentó un proyecto de repudio de la Línea. En el Congreso Nacional han sido presentados tres proyectos de declaración de repudio por Dante Alberto Camaño de Propuesta Republicana, Julián Martín Obligio del Bloque Nacional Sindical, e Ivana María Bianchi del FREJULI: “este 0800-Aborto estaría incurriendo en el presunto delito de ejercicio ilegal de la medicina, dado que este fármaco no tiene indicación de tratamiento durante el embarazo normal, porque no es curativa sino que es abortiva con severas complicaciones probables. Lo mismo téngase presente para la droga misoprostol, nombre comercial más conocido oxaprost”. No es raro encontrar que estos proyectos se fundamentan en información falsa de supuestas asociaciones médicas inexistentes[16].


En la Legislatura de la CABA, el proyecto de “Guía para la atención post aborto” fue frenado por un dictamen de mayoría en la Comisión de Salud, de mano del PRO. Este proyecto era impulsado entre otras por las diputadas Diana Maffía y Gabriela Alegre. Estas diputadas acompañaron la presentación del Primer Informe de Atención de la “Línea Aborto, más información, menos riesgos”, el 21 de Septiembre de este año, en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.


En el Congreso Nacional se han presentado, desde distintos bloques, diversos proyectos de ley para legalizar el aborto: doce en los últimos dos años. Más de 40 en los últimos 26. Ninguno ha sido siquiera tratado por las correspondientes comisiones.


La violencia política contra las organizaciones y personas que luchamos contra la prohibición del aborto y por su legalización, contra quienes aportamos para reducir las consecuencias negativas y violaciones de derechos causadas por el aborto inseguro, es también una forma de terrorismo de estado.


Estas diferentes corporaciones del estado paralelo revictimizan a mujeres en un triple castigo: son víctimas, las revictimiza la prohibición, las revictimiza la sociedad echándoles la culpa de las desgracias colectivas, de la existencia de la violencia política que las victimizó en primer lugar.


En Mendoza, hace una semana se cristalizó una nueva forma de alianza extorsiva entre corporaciones prohibicionistas, mediante la aprobación de un proyecto de Ley presentado en 2.007 por el senador provincial José Abel. Este médico y sus secuaces, tergiversando resultados de un estudio sobre un Estado de Brasil de 1.992, ha logrado restringir aún más el acceso al misoprostol, limitando su distribución a hospitales y centros de salud. Reeditando el decreto de López Rega que en el gobierno de Isabel Perón prohibió el acceso a anticonceptivos, cerrando lugares de consejería en hospitales públicos y su venta en farmacias bajo triple receta archivada.


En los pasados cuatro meses, desde Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto respondimos a esta violencia política. Generamos acción y reflexión para salir del callejón punitivo del aborto clandestino. No prescindimos de la ley, ejercimos derechos. Trabajamos junto a organizaciones feministas, de derechos humanos, a la comunidad LGTTB, a médicas y médicos, abogadas y abogados, medios de comunicación y periodistas, para desarticular el poder de muerte y esquivar los controles médicos mafiosos.


En septiembre, la Dra. Zulema Palma, Presidenta de Mujeres al Oeste y miembra del CLACAI, Consejo Latinoamericano Contra el Aborto Inseguro, entrevistada por Jorge Lanata calificó la desmedicalización de la vida de las mujeres como un avance respecto del cumplimiento de sus derechos humanos.


El Dr. Fernando Giayetto, médico de La Pampa, destacó en diversos medios que todo embarazo no querido debe entenderse como un problema para la salud de cualquier individuo. “Esto sería suficiente argumento para que el acceso al aborto fuera universal, seguro y en manos del Estado”[17].


El mismo mes, Mario Sebastiani, Miembro del Servicio de Obstetricia y Comité de Bioética del Hospital Italiano, entrevistado por Josefina Licitra para el Diario Crítica, declaró “El conocimiento médico [...] le pertenece a la gente [...] Dado que no se ofrece otro tipo de solución [...] bienvenido sea el número telefónico [...] Le guste a quien le guste, el aborto está desapareciendo del ámbito médico para convertirse en un acto privado de las mujeres. Esto es producto de la tecnología y de que las mujeres han sido castigadas cuando necesitaron acercarse a la medicina y sus instituciones: encontraron denuncias, victimización y juzgamiento. Las respuestas que encontraron de nosotros fueron de cuarta…la medicina tiene que estar del lado de estas mujeres.”


También en octubre, el Dr. Juan Osvaldo Mormandi, Jefe de Ginecología del Hospital Eva Perón, de San Martín, confirmó en un informe especial para Telenoche Investiga que “Paradójicamente el misoprostol está ayudando a reducir las muertes por aborto”[18].


En estos 4 meses de intenso trabajo hemos retenido 2.300.000 pesos en manos de las mujeres. 819 niños y niñas no corrieron el riesgo de perder a sus madres como consecuencia de un aborto inseguro. Hemos roto el silencio en decenas de medios de comunicación, tan disímiles que van desde la tapa del diario Crítica, los blogs del diario Clarín, los video informes de la versión digital de La Nación, el suplemento Las 12, hasta medios independientes como Indymedia, AMARC, La Tribu. Hemos difundido información científica, veraz, actualizada y no prejuiciosa sobre aborto en 1.700 llamadas. Esperamos que con este trabajo ampliemos la libertad de las mujeres y fortalezcamos nuestra agencia política para lograr que 2.010 sea el año de la legalización del aborto en Argentina.


Lesbianas y Feministas

por la Descriminalización del Aborto

26 de Noviembre de 2.009


masinformacion.menosriesgos@yahoo.com.ar

www.informacionaborto.blogspot.com



[1] Según cifras oficiales del Ministerio de Salud de la Nación.

[2] Estos datos incluyen los del primer mes, ya presentados en el primer informe de atención de la línea “Aborto, más información, menos riesgos”, presentado en la legislatura de la CABA el 21/09/09.

[3] Según cifras publicadas por diferentes medios de comunicación y obtenidas a través de relatos de la línea “Aborto, más información, menos riesgos”, los precios del aborto clandestino, ya sea quirúrgico o con medicamentos, oscilan entre 1.000 y 5.000 pesos. Sobre un costo promedio de 2.000 pesos por aborto clandestino, calculamos que en un año, 500.000 abortos clandestinos aportan a las cajas mafiosas 1.000 millones de pesos.

[4] OMS, Guía técnica par abortos sin riesgos, 2005.

[5] Informe de HRW (Human Right Watch) sobre las consecuencias del aborto clandestino, 2005.

[6] Son simultáneamente contrato y estatus, cofradía y jerarquía.

[7] http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/13-1630-2004-12-10.html

[8] http://criticadigital.com/index.php?secc=nota&nid=27252&pagina=2

[9] http://www.clarin.com/diario/2009/08/17/um/m-01980035.htm

[10] La Nación.com, 26 de Agosto de 2009

[11] WHO Model List of Essential Medicines, 2009.

[12] Publicado en el Diario Clarín, el 30 de marzo de 2008. Ver también declaraciones de Marcelo Peretta, presidente del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos, y de Rubén Abete, presidente de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos en Argentina, en Clarín, 17 de Julio de 2009.

[13] http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-133700-2009-10-19.html

[14] Informe Especial Telenoche investiga, Octubre 2009. También en http://www.rosarionet.com.ar/rnet/nacionales/notas.vsp?nid=46573

[15] http://www.elargentino.com/nota-60323-El-problema-del-aborto-no-se-soluciona-con-el-Codigo-Penal.html

[16] Ver, “Sociedad Argentina de Ética Médica denuncia graves riesgos de ‘teléfono del aborto’”, disponible en: http://blogs.clarin.com/actitud-jovenesprovida/2009/8/5/sociedad-argentina-etica-medica-denuncia-graves-riesgos

[17] http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-131104-2009-09-03.html

[18] En el mismo sentido se expresó en octubre, El Dr. Jorge Tartaglione, Jefe del Servicio de Prevención del Hospital Churruca, en Telefé noticias, columna “conciencia publica”.

Artículos de la otra voz digital

"Las muertes por abortos inseguros son feminicidios" x Lic. Mabel Corrales

Así lo aseguró la periodista Mariana Carbajal, autora del libro El aborto en debate. Aportes para una discusión pendiente, señalando que son las mujeres pobres las que generalmente están más expuestas a perder la vida en estos procedimientos que si bien son punibles sin diferenciación de clase social, marcan una profunda inequidad, entre aquellas que acceden a un aborto seguro y aquellas que por falta de recursos económicos utilizan una aguja de tejer o un tallo de perejil. Leer más ...

"Jesús incluyó permanentemente a las mujeres" x Lic. Mabel Corrales

Para la referente nacional de Católicas por el Derecho a Decidir, Marta Alanís, los Evangelios de Jesús, incluyeron permanentemente a las mujeres, teniendo una actitud generosa e inclusiva en todo sentido. Fue en este mismo contexto, que Alanís trazó la diferencia entre lo enseñado por la Iglesia y aquello a lo que se niega acceso, denunciando que es la jerarquía la que no respeta los derechos de las mujeres. Leer más ...

Martha Rosemberg, presidenta del Foro por los Derechos Sexuales y Reproductivos. “Hay muy poca conciencia de que lo reproductivo y lo sexual da lugar a derechos" x Marta César

Invitada a dictar el Curso de sensibilización y capacitación para la implementación no discriminatoria de la Educación Sexual Integral -organizado por el INADI Delegación Salta y la Universidad Nacional de Salta para docentes, personal directivo y supervisores/as del nivel de enseñanza primaria del sector público y privado- nos visitó recientemente la presidenta del Foro por los Derechos Sexuales y Reproductivos Lic. Marta Rosemberg. Dueña de un apacible carisma que le otorgaron su experiencia, su militancia y sabiduría, se prestó amablemente a un reportaje. Leer más ...

LA OTRA VOZ DIGITAL

Un feminicidio cada 36 horas

Extraído de Página 12

SOCIEDAD › SEGUN UN RELEVAMIENTO, LA INSEGURIDAD DE LAS MUJERES ES PUERTAS ADENTRO

Un feminicidio cada 36 horas

Cada día y medio, una mujer es asesinada en la Argentina, a manos de un conocido directo de la víctima. En 93 de cada 100 casos, el crimen lo cometió la pareja o ex pareja. El 46 por ciento de las mujeres asesinadas tenía entre 15 y 34 años.

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Por Mariana Carbajal

Cada 36 horas se cometió en el país un feminicidio en los primeros diez meses del año. El dato surge de un relevamiento realizado por el Instituto de Estudios Jurídicos Sociales de la Mujer (Indeso), a partir de los casos publicados en diarios y portales de noticias de todas las provincias. El estudio será presentado hoy en la sede rosarina de la Gobernación de Santa Fe, en el marco de las actividades por la conmemoración del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, que se celebra el miércoles en todo el mundo. En total se registraron 204 feminicidios. En el 93 por ciento de los casos resultó imputado un conocido de la víctima: casi en la mitad de los hechos fue acusado y detenido su pareja o ex pareja. El 46 por ciento de las mujeres asesinadas tenía entre 15 y 34 años.

“Los feminicidios son crímenes de odio contra las mujeres, crímenes misóginos acuñados en una enorme tolerancia social y estatal ante la violencia de género”, definió la mexicana Marcela Lagarde, profesora de Antropología de la Universidad Nacional de México, autora de varios libros sobre el tema y asesora de la ONU en cuestiones de género. “El feminicidio es un acto de extrema violencia, que deja al desnudo las situaciones de terror, humillación, desprecio, hostigamiento, violación, maltrato físico, psicológico, emocional, que vivieron estas mujeres”, explicó Noemí Chiarotti, coordinadora de Indeso, una ONG de Rosario. La especialista aclaró que no toda violencia que ocasiona la muerte de una mujer puede ser considerada como “feminicidio”. “Cuando el género de la víctima es irrelevante para quien la asesina, se trata de un asesinato, no de un feminicidio”, precisó.

Ante la ausencia de estadísticas oficiales, distintas organizaciones de mujeres tomaron la decisión en los últimos años de llevar el registro de los casos publicados en medios gráficos y digitales para darle visibilidad al grave problema de la violencia contra las mujeres en el país, y sensibilizar a la sociedad y a los funcionarios públicos. Los números, entonces, son parciales y, se presume, podrían ser aún mayores.

Entre el 1º de enero y el 30 de octubre de este año, el relevamiento de Indeso encontró 204 feminicidios en la prensa. Este es el segundo año que lleva adelante el seguimiento, con la colaboración de Mujeres Autoconvocadas de Rosario (MAR). En los primeros 10 meses de 2008 contabilizaron 170 feminicidios. Es difícil determinar si hubo un incremento de los casos o el aumento se debe a que trascendieron a los medios en mayor medida. De todas formas, la cantidad impacta. En el 85 por ciento fueron ejecutados por algún familiar cercano de la víctima, según la información periodística: en 51 feminicidios, el acusado fue la pareja de la mujer muerta; en 44 casos, su ex; y en 49 hechos, un conocido o pariente como padre, hermano, cuñado o yerno entre otros.

La búsqueda de los casos estuvo a cargo de Mercedes Pagnutti, quien revisó entre 30 y 40 diarios y periódicos nacionales, regionales y locales, impresos y digitales de todo el país. Según su apreciación, “la saña con la que fueron muertas algunas mujeres fue mayor este año que el anterior”. Casos de feminicidios con treinta a cuarenta puñaladas, contó a este diario, la dejaron sin aliento. “No tengo palabras para expresar lo que se siente al leer ese tipo de hechos. Anímicamente afecta mucho”, comentó. El 35 por ciento de los feminicidios se concretó con arma blanca, el 24,5 por ciento, con arma de fuego y el 30 por ciento con golpes, estrangulamiento, ahorcamiento, inmersión o quemaduras.

Ya el primer día del año, Pagnutti se encontró con dos casos. Uno ocurrió al sur de la provincia de Santa Fe, en la localidad de San Eduardo, departamento General López: allí fue hallada muerta de varias puñaladas María Biletto. Su cuerpo estaba en una casa en construcción. Tenía apenas 14 años. Fue detenido su novio, de 20 años. El segundo feminicidio de 2009 tuvo lugar en la ciudad de Córdoba: Nora Díaz, de 32 años, fue degollada por su pareja delante de sus hijos de 12 y 9 años. Los dos últimos casos incluidos en el estudio corresponden al 30 de octubre. En Luján, provincia de Buenos Aires, María Belloto, de 31 años, apareció estrangulada. Trabajaba como empleada doméstica en un country de la zona. El presunto asesino, de 35 años, sería conocido suyo. Ese mismo día, en la ciudad rionegrina de Cipolletti, Jessica Garrido, de 14 años, también fue estrangulada con un alambre. Su pareja, de 21 años, quedó presa.

Intimos, no íntimos y sociales

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El estudio de Indeso distingue tres tipos de feminicidios. Intimos: asesinatos cometidos por hombres vinculados con la víctima, que tienen o han tenido relación íntima, familiar y/o de convivencia, ya sean éstos parejas, esposos, novios, ex parejas, así como también familiares como padres, hermanos, hijos, yernos, cuñados. Representan el 85 por ciento del total. No íntimos: cometidos por hombres que no han tenido nunca vinculación con la víctima. Son el 6 por ciento. Sociales: incluye formas encubiertas de asesinar a las mujeres, explicó Noemí Chiarotti, coordinadora de Indeso, de Rosario. Por ejemplo, cuando existen instituciones sociales y legales que privan a las mujeres del control de sus propios cuerpos y las conducen a abortos clandestinos con métodos precarios, cuyas consecuencias les causan la muerte, aclaró. Son el 9 por ciento. En total, los registrados son 15. El subregistro sería significativo: anualmente mueren como consecuencia de abortos inseguros alrededor de cien mujeres en el país.